Iván Duque, presidente de Colombia, solicitó a la Unión Europea, hace dos semanas en una entrevista con el diario español El Mundo, ejercer “más presión” al régimen de Nicolás Maduro para que Venezuela recupere la democracia. También dijo que “es a todas luces la dictadura más brutal que ha visto América Latina en su historia reciente”.

Por otro lado, los nuevos inquilinos de la Casa Blanca han dicho que la solución a la crisis en Venezuela será a través de una elección presidencial libre, justa y con observación internacional. Asimismo, señalaron los demócratas que las sanciones contra los funcionarios chavistas que mantienen secuestrado el poder se mantendrán hasta que se logren esos comicios. Afirmaron que Maduro no tiene nada que hablar con la administración Biden, sino con el interinato. “El enfoque nuestro [Casa Blanca] no es un individuo, es el proceso electoral, que resulte de un diálogo entre las dos partes, bajo la mediación multilateral (Estados Unidos y sus aliados en la región y la UE). De lo contrario, agregaron, se incrementará la presión hasta que el régimen dé unos pasos de buena fe que lleven a un diálogo concreto”.

Si actúan con rapidez, la Unión Europea y Estados Unidos pueden lograr una mayor alineación de la presión diplomática y económica que ejerzan sobre el país. El bloque europeo debería revisar con urgencia su postura negociadora y su arsenal de sanciones contra Venezuela, una medida que no solo pondría a la UE en consonancia con la administración Biden, sino también con el presidente de Colombia.

Hasta ahora, las medidas diplomáticas y de presión de la UE no han contribuido de forma significativa a proteger los derechos humanos y a restaurar la democracia en Venezuela. Gran parte de las soluciones del régimen de Maduro a las sanciones de Estados Unidos se basan en el acceso a la economía europea y a la moneda euro. Sin embargo, la diplomacia de la UE, encabezada por el exministro de Asuntos Exteriores de España Josep Borrell, parece ignorar este punto de presión.

En consecuencia, el aparato diplomático y la política de la comunidad europea siguen siendo insuficientes en varios aspectos fundamentales. Lo más resaltante es que la estrategia de sanciones de la UE sigue siendo débil. Por ejemplo, la organización solo cuenta con 55 personas sancionadas, mientras que Canadá tiene 113 y Estados Unidos 160.

Según un informe elaborado recientemente por el American Enterprise Institute y la Fundación Civismo de España, un reajuste de la política de la Eurozona y Estados Unidos en relación con Venezuela es todavía factible, pero la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente.

Dicho informe recomienda, con respecto a la política de sanciones, que Estados Unidos considere el establecimiento de un mecanismo de coordinación con la UE, específicamente para las sanciones contra Venezuela, que garantice la coherencia y la aplicación real en sus países. Este mecanismo podría ayudar a evitar errores embarazosos y costosos, como el llamado “Delcygate”, cuando la vicepresidenta sancionada de Maduro, Delcy Rodríguez, obtuvo permiso para aterrizar en el aeropuerto de Barajas de Madrid y hasta se reunió con el ministro de Transportes del gobierno español, José Luis Ábalos.

Igualmente, propone que la eurozona debiera reforzar sus regulaciones bancarias y el escrutinio financiero de las inversiones extranjeras. A menudo, Europa ha servido como plataforma para la economía cleptocrática del régimen de Maduro. Los bolichicos y enchufados han encontrado en España un paraíso fiscal para sus empresas fantasma. Desde la época de Chávez se han dedicado a saquear la riqueza petrolera de Venezuela a través de contratos de maletín con la corporación estatal Pdvsa.

Asimismo, plantea que es fundamental una mayor alineación y coordinación de las sanciones para aumentar su eficacia. Para ejercer la misma presión de Estados Unidos, la UE debería buscar una estrategia que le permita sancionar a los violadores de los derechos humanos, a los funcionarios corruptos y a las entidades estatales. Sin embargo, hasta ahora el bloque ha evitado este tipo de medidas.

Mientras Maduro y sus cómplices se han adaptado a la realidad de las sanciones de Estados Unidos con soluciones alternativas y una expansión de la economía ilícita en el territorio nacional, un esfuerzo concertado para ampliar las sanciones de la comunidad europea podría proporcionar un cambio en la voluntad del régimen para negociar una transición política –el gobierno de Cuba nunca ha sido sancionado por la Eurozona, lo que le ha permitido sobrevivir de alguna manera al bloqueo estadounidense, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética–.

En general, el compromiso de la administración Biden con la participación multilateral del bloque europeo ofrece una oportunidad para recuperar la cooperación transatlántica y presentar una visión común para la transición política en Venezuela. El refuerzo de las sanciones y el desarrollo del mecanismo de coordinación, así como el aumento de la ayuda humanitaria, constituirían un avance importante y podrían situar a la UE en el papel de actor indispensable en la restauración de la democracia en esta nación.

En conclusión, hace falta más presión de la Unión Europea para que el país, que celebró esta semana 211 años de la Declaración de la Independencia, recupere la soberanía popular.

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