En el complicado escenario político venezolano, la reciente acción del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro junto con las otras maniobras de la dictadura ha generado un entorno de incertidumbre y tensión. La ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado y las demandas de Maduro a la administración Biden representan un peligroso desafío para el proceso democrático en Venezuela.

El TSJ remitió en una misma decisión la admisión del recurso, la negativa y la medida cautelar, que eran el camino legal acordado en las negociaciones entre la Casa Blanca (Plataforma Unitaria) y Miraflores para brindar garantías democráticas a los comicios presidenciales de este 2024 y facilitar la salida a la larga crisis política e institucional que atraviesa Venezuela.

Por otro lado, hace dos semanas, Maduro acusó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos de crear “confusión” en el país. “La base de la CIA en Colombia, con agentes de inteligencia del Ejército de esa nación y la base de la DEA dirigen y preparan acciones violentas, terroristas, golpistas y anticonstitucionales contra Venezuela”.

Hace cuatro días, durante la sesión de trabajo con la Plenaria del Consejo Federal de Gobierno, Maduro expresó que los acuerdos de Barbados estaban heridos de muerte: “Los declaro en terapia intensiva. Ojalá, como me decía Jorge Rodríguez, podamos salvarlos hoy, pero sin planes siniestros para atentar contra mi vida”.

Además, ha dicho que es necesario “el cese de las persecuciones judiciales en su contra y la de sus aliados”. Lo que implica la solicitud de la eliminación de las recompensas ofrecidas por la justicia estadounidense por la captura de los integrantes del Cartel de los Soles o por información que conduzca a su arresto.

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela vive una realidad política en la que las reglas de la gobernanza se improvisan constantemente –a pesar de que en 1999 hizo una carta magna a su medida– sin seguir la letra de la ley o un precedente claro. Así que predecir qué sucederá con la elección presidencial este año tiene un grado de incertidumbre alto. Las reglas sobre cómo, cuándo o si el evento ocurrirá depende de la voluntad política de Maduro.

En este contexto, la candidatura de María Corina Machado depende de las negociaciones en curso y de cuán firmemente mantengan su posición y apoyo popular ante el régimen. Las maniobras legales y las sentencias del madurismo son solo un espejismo para dar una apariencia institucional a lo que todos sabemos que es un proceso ilegal.

Maduro y su camarilla están amenazados ante el gran reto que representa María Corina en el ámbito electoral, lo cual les causa miedo. En el pasado, la oposición representada por la Mesa de la Unidad Democrática y el G-4, optaron por abstenerse en respuesta a la manipulación del proceso electoral por parte del régimen. Sin embargo, esta estrategia de aislamiento de la disputa política no tuvo éxito.

En esta ocasión, la oposición liderada por María Corina está adaptándose a los ataques del madurismo, contraatacando y hasta tomando la iniciativa. Ha establecido sus propios lineamientos para superar los obstáculos impuestos por el régimen. Un claro ejemplo de esto fue la elección primaria, la cual el régimen venezolano no logró detener. La oposición consiguió llevarla a cabo exitosamente, posicionando a Machado como la principal candidata de la Unidad y líder opositor, obteniendo el escudo popular para enfrentar “el capricho” del madurismo respecto a la escogencia del candidato opositor.

Por su parte, la administración Biden otorgó “un fiado” a Maduro al suspender las sanciones económicas que incluyen el sector petrolero, el oro y los bonos. Asimismo, procedió a la entrega de Alex Saab, considerado el principal colaborador de Maduro, sin un proceso judicial previo en diciembre, con el objetivo de fomentar un proceso electoral justo y democrático. No obstante, Maduro, haciendo uso de la “viveza criolla”, podría estar planeando usar el cambio de las reglas -la nueva solicitud y la violación del acuerdo de Barbados- para conseguir finalmente su impunidad.

Como resultado, la administración Biden, junto con varios gobiernos europeos, han emitido advertencias sobre la posible reinstauración de sanciones si Maduro incumple los acuerdos establecidos. Algo que no han ejecutado en toda su extensión, perdiendo la credibilidad sobre las “líneas rojas” previamente fijadas. Probablemente eso ha sido lo mejor porque estaría aumentando el desafío para el régimen. En un escenario donde los adversarios se sumergen en el caos, los riesgos se intensifican para todas las partes involucradas.

Lo más importante que hay que entender en el caso de Venezuela es que la elección libre, justa y competitiva no va a suceder solo porque lo dice la Constitución de la República Bolivariana.

Este momento histórico es, por tanto, una intersección de desafíos y oportunidades, en la que la resiliencia del pueblo, el liderazgo de María Corina y la coherencia de la comunidad internacional –movilización de un mayor apoyo y conciencia– jugarán roles cruciales en el restablecimiento del futuro democrático.

Si la administración Biden desea ser un verdadero agente de cambio en la promoción de elecciones libres y justas en Venezuela, debe adoptar un enfoque más firme, coherente y estratégico, en lugar de continuar con una política exterior que hasta la fecha ha demostrado ser ineficaz e inconsecuente, especialmente en un contexto donde Maduro cambia a menudo las reglas políticas.

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