Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, expresó su voluntad de normalizar las relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, inexistentes durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), quien lo consideró un violador de derechos humanos por los presuntos delitos de tortura, asesinato, persecución a un grupo poblacional definido y arrestos masivos.

En la primera entrevista a un medio de comunicación colombiano (Cambio), tras ganar las elecciones, afirmó: “Hay que normalizar las relaciones [con Venezuela]. Eso porque venimos de años y hay complejidades en muchos temas. La frontera es mi principal preocupación. Porque ahí hay una ilegalidad fuerte, muy fuerte”.

Además, Petro, en las líneas generales de su programa de gobierno, se comprometió con la consolidación de una paz que trascienda a las futuras generaciones, con la convivencia y con la seguridad en todo el territorio nacional; también con la protección de la integridad y la vida de las personas bajo un modelo que prevenga, persiga y sancione la delincuencia: “Combinaremos la disuasión, la lucha frontal contra delitos y crímenes, así́ como la sanción judicial proporcionada, pronta y efectiva”.

Este compromiso será la piedra angular para reconstruir la confianza en la relación de Petro con las Fuerzas Militares de Colombia, que recelan de su pasado guerrillero. Los 2.119 kilómetros de frontera con Venezuela serán decisivos para lograrlo, pues es una zona donde actualmente actúan al margen de la ley grupos irregulares del ELN, de las disidencias de las FARC, los carteles mexicanos de la droga y las bandas criminales dedicadas al contrabando de combustible y minerales, además de la trata de personas.

Por lo tanto, la normalización de las relaciones colombo venezolanas debe conllevar al intercambio de información e inteligencia entre los organismos de seguridad binacionales sobre las bandas que actúan en la frontera. Hasta ahora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela ha cohabitado con estas bandas criminales y fuerzas irregulares que actúan en este territorio. Durante este tiempo, el relato del Ministerio de la Defensa de Venezuela es que Colombia y la ultraderecha son enemigos del pueblo venezolano.

Una narrativa que con Petro en la Presidencia de Colombia será difícil de esgrimir. Por lo que la FANB y Maduro van a estar ante el dilema de si garantizan la seguridad en el espacio fronterizo venezolano o siguen protegiendo a estos grupos delincuenciales que manejan entre 5.000 y 9.000 millones de dólares anuales a consecuencia de los negocios ilícitos.

En este sentido, Duque ha señalado el deber ser de la normalización. “Aquí lo importante es que nosotros sigamos garantizando, sobre todo del lado venezolano, que no haya convivencia con el terrorismo, porque allá está Pablito, allá está Antonio García y allá está Iván Márquez, entonces que los devuelvan, que los manden para que los capturen y los extraditen, para que demuestren a Colombia que hay voluntad de colaborar con nuestro país”.

Otro aspecto de la normalización es el restablecimiento de las relaciones comerciales que desde hace 7 años se desarrollan por la frontera ilegalmente. Las prácticas desleales de todo tipo incluyen el contrabando, el lavado de activos, la corrupción y las violaciones de derechos humanos, especialmente a mujeres y niños.

Asimismo, el gran reto para el regreso de las empresas colombianas a Venezuela es la seguridad jurídica que les garantice sus inversiones. Recordemos con el cierre de la frontera en 2015 se les dejaron de cancelar alrededor de 5.000 millones de dólares, con pocas posibilidades de recuperarlos actualmente.

Además, al revisar las diferentes etapas de las relaciones colombo-venezolanas desde 1830 hasta nuestros días, se puede identificar que el tema de la seguridad ha sido esencial en los procesos de acercamiento o distanciamiento. Su importancia es de tal trascendencia que influye en las variables comerciales y económicas. A una mayor tensión y securitización, se incrementan los problemas bilaterales en el comercio, la economía y las finanzas. Una evidencia de ello se observa en la fuerte caída de las exportaciones colombianas en el período 2008-2010 de Álvaro Uribe-Hugo Chávez. Pasó de 6.092 a 1.423 millones de dólares.

Si la nueva etapa de la relación colombo-venezolana va a ser la de “seguridad en todo el territorio nacional para vivir sin miedo y con libertad”, Nicolás Maduro y su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, van a tener que comprometerse con “la lucha frontal contra delitos y crímenes, así como la sanción judicial proporcionada, pronta y efectiva en los más de 2.000 kilómetros de frontera”. Lo contrario, seguir cohabitando con los grupos irregulares y bandas criminales, generará tensión en la relación porque Petro perderá la confianza de las fuerzas públicas colombianas. Y, en consecuencia, la estabilidad del gobierno.

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