«Lo que determina el desarrollo de las naciones es la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones. Sucede así en los países con mayor índice de prosperidad como Finlandia, Australia y Canadá, entre otros. No ocurre así en Venezuela»

El vacío de poder que muestra el Estado venezolano por la sentencia del pasado 9 de enero de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica, al acomodar la legitimidad del Gobierno declarando la tesis de la «Continuidad» y posponer indefinidamente el acto de juramentación del presidente Hugo Chávez, ha generado incertidumbre en los mercados internacionales y sus principales socios, entre ellos China y Rusia.

La situación económica de Venezuela presenta un déficit fiscal de entre un 15 y un 20 por ciento del producto interno bruto, equivalente a 70.000 millones de dólares, y un mercado de divisas en el cual el dólar tiene un valor cuatro veces mayor que el dólar que entrega el Gobierno a la tasa oficial.

Hasta ahora, Petróleos de Venezuela S. A (PDVSA) ha sido el brazo financiero del Gobierno. A través de la factura petrolera y la emisión de bonos en el mercado de capitales —96 por ciento de las exportaciones y 95 por ciento de los dólares que entran en el país— PDVSA es la responsable de mantener la liquidez del Banco Central de Venezuela, a la vez que de generar caja para el Estado y para el Socialismo del Siglo XXI, el proyecto populista impulsado por Chávez.

Desde 2008 China, a través del Banco de Desarrollo de China (BDC), ha entregado al Gobierno venezolano préstamos —divisas— por el orden de 40.000 millones de dólares, lo que representa un tercio del portafolio de inversiones del banco chino en el exterior.

Estos préstamos son cancelados por PDVSA con el suministro de petróleo hasta 2022 y significa un pasivo con el BDC del 21 por ciento de la producción actual de 2.380.000 barriles por día, de acuerdo con fuentes independientes de la OPEC.

Adicionalmente, la deuda financiera consolidada de PDVSA para el cierre del año 2012 se incrementó en un 14,7 por ciento respecto a la registrada el año anterior, hasta llegar a los 40.026 millones de dólares, de los cuales 35.647 millones corresponden a bonos con vencimiento desde 2013 al año 2035.

A mediados de enero, la calificadora de riesgo en inversiones Moody's Investors Service cambió la calificación de la deuda o bonos de PDVSA de estable a negativa.

¿Qué hacer?

Para solventar la actual crisis financiera, PDVSA requiere incrementar la producción de petróleo. Sin embargo, los campos tradicionales de explotación —los de Occidente y Oriente— se encuentran en declive, mientras que en los nuevos proyectos de la Faja del Orinoco las empresas mixtas formadas entre PDVSA y diversos socios (rusos, chinos, iraníes, indios, la estadounidense Chevron) han decidido esperar en sus planes de inversión hasta que se aclare la situación política que atraviesa el país.

Por ejemplo, el ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, regresó con las manos vacías de su última visita a China el pasado mes de diciembre.

El Banco de Desarrollo de China ha empezado a buscar nuevos esquemas de garantías para sus préstamos, entre los que se encuentran la adquisición de acciones en las empresas mixtas de la Faja del Orinoco o activos de PDVSA en el exterior, como su filial en Estados Unidos, Citgo, o el oro de las minas Las Cristinas en Guayana.

PDVSA y por ende Venezuela se encuentran en un momento crucial, político–económico. En el llamado Socialismo del Siglo XXI lo político determina lo económico, por lo tanto las instituciones y empresas del Estado se someten a «las directrices revolucionarias».

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