Hace unas semanas, una flota de buques de guerra estadounidenses se desplegó en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Era una escena que parecía salida de una novela de aventuras o de una crónica de los años más tensos de la Guerra Fría: ocho barcos, drones de vigilancia, incluso un submarino de ataque y diez aviones caza furtivos de quinta generación. Oficialmente, se trata de una cruzada antidrogas. Pero en el aire flota la sensación de que aquello es algo más que una cacería de lanchas rápidas cargadas de cocaína.

El 2 de septiembre se produjo la primera acción cinética: una embarcación fue destruida con sus once tripulantes. La acción se repitió este lunes 15 de septiembre, cuando el presidente de Estados Unidos informó sobre la destrucción de una segunda lancha con sus tres ocupantes. Y al parecer hay una tercera embarcación, a la que se refirió ayer sin dar mayores detalles. Ya lo había advertido: es una guerra contra el narcotráfico.

Donald Trump anunció con el desparpajo de quien sabe que el gesto es tan importante como el hecho: “Acabamos de volar una lancha cargada de droga; hay más de donde salió esa”. Sus seguidores celebraron la frase como prueba de fuerza y determinación. Sus críticos vieron en ella el preludio de una escalada que puede transformar el Caribe en un tablero de poder.

De dictador a capo: el cambio de marco

Durante décadas, la política antidrogas de Washington en América Latina fue esencialmente reactiva: interdicción de cargamentos, arrestos de contrabandistas, campañas de cooperación internacional. Marco Rubio ha roto con esa tradición. “Lo que los detendrá es que se los haga volar por los aires”, declaró en Ciudad de México el secretario de Estado, tras un ataque que destruyó una embarcación sospechosa en aguas cercanas a Venezuela y dejó once fallecidos.

Este giro estratégico tiene un doble objetivo: disuadir a las organizaciones criminales trasnacionales que controlan el tráfico de drogas y enviar una señal inequívoca a los gobiernos que, según Washington, las protegen. En el centro de esta narrativa está Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidenses de narcotráfico y señalado por Rubio como “prófugo de la justicia” y líder de “una organización terrorista global que se ha apoderado de un país para enriquecerse”.

Ya no es un autócrata. Ahora es considerado el jefe de un cártel narcoterrorista global. Esa mutación semántica no es un capricho: es un punto de inflexión. A un dictador se le sanciona, se le aísla, se le somete a presión diplomática. A un capo se le persigue, se le acorrala, se le neutraliza.

Las fuerzas democráticas venezolanas llevan años pidiendo precisamente eso: que el régimen cabellomadurista sea tratado no como un gobierno ilegítimo, sino como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

El cambio de marco jurídico es clave: la Casa Blanca ha utilizado dos designaciones que rara vez se aplican de forma combinada.

• FTO (Organización Terrorista Extranjera), prevista en la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, convierte en delito federal proveer apoyo material, habilita procesos penales y bloquea el ingreso de miembros o colaboradores a Estados Unidos.
• SDGT (Terrorista Global Especialmente Designado), amparada en la Orden Ejecutiva 13224 y en la Ley IEEPA, congela activos, prohíbe cualquier transacción financiera y autoriza sanciones contra terceros que representen una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos.

Cuando se aplican ambas designaciones, se forma un cerco completo: jurídico, financiero e incluso operativo militar, al habilitar el uso del Título 50 para operaciones de inteligencia y acciones encubiertas. La situación deja de ser política-diplomática y se convierte en militar-judicial.

Una jugada de alto riesgo

Pero esta decisión no está exenta de riesgos. América Latina carga con un trauma histórico: desde la caída de Jacobo Árbenz en 1954 hasta la invasión de Panamá en 1989, cada movimiento de tropas estadounidenses reabre viejas heridas y sospechas de intervencionismo.

El desafío para la administración Trump es mantener la legitimidad de estas acciones en un entorno internacional cada vez más escéptico frente al uso unilateral de la fuerza. Aunque Rubio ha insistido en la cooperación histórica alcanzada con México y otros socios, la narrativa de “guerra contra el narcoterrorismo” recuerda la época de la Doctrina Monroe y puede generar resistencia en gobiernos que temen una reedición de las intervenciones del siglo XX.

La Venezuela de 2025 es un país exhausto, que en julio de 2024 votó de forma abrumadora por un cambio. La Fuerza Armada Nacional vive entre el miedo, la lealtad al statu quo y el instinto de supervivencia. La demostración de fuerza estadounidense en el Caribe puede convertirse en el detonante que fracture el alto mando y haga colapsar el edificio del poder, pero también puede reforzar la cohesión de quienes temen ser los próximos en la lista de extraditables.

El dilema moral

En el fondo, esta es una cuestión moral, no sólo estratégica. ¿Debe la comunidad internacional contemplar pasivamente cómo un país se hunde en la ruina y el narcoterrorismo? ¿O debe actuar para restaurar la democracia, aun a riesgo de equivocarse?

Mario Vargas Llosa lo dijo hasta el cansancio: la libertad es frágil y necesita defensores, aunque esa defensa incomode, incluso cuando asuste. Hoy los venezolanos esperan que esta vez la historia no se repita como farsa. Que el despliegue en el Caribe no sea un espectáculo efímero ni un nuevo desencanto, sino el primer acto de una estrategia coherente que libere a un país secuestrado por una cúpula que convirtió el Estado en negocio y el poder en botín.

Esta vez, el Caribe debe dejar de ser el escenario de las promesas incumplidas y convertirse en el prólogo de una transición real a la democracia. No sería la primera vez que el coraje de un pueblo y la presión del exterior confluyen para poner fin a una tiranía que ha mantenido secuestrado a un país durante más de veinte años. Una vez que ocurra, esta operación no será recordada como un acto de fuerza, sino como un acto de justicia.

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