Cuando se visualiza una Venezuela post-Maduro surge una serie de consideraciones sobre el camino que debe seguir un nuevo gobierno, tanto de transición como el sucesivo producto de una elección libre, justa y democrática.

Aparece como referencia política la experiencia chilena después de la dictadura de Pinochet en la que la Concertación de Partidos por la Democracia –coalición de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y centro– logró gobernar Chile desde 1990 hasta 2010. La transición chilena a la democracia contó con una ventaja al tener una economía de mercado funcionando que permitió preservar un clima de estabilidad y crecimiento económico.

Contrario a lo que sucederá en la Venezuela post-Maduro, que la transición encontrará un país destruido, colapsado en lo social y económico que apenas se sostiene, por lo que una transición en Venezuela implica retos no solo en lo político, sino también en lo económico y social.

En democracia, lo económico es determinante, por lo que el manejo en la Venezuela post-Maduro de la hiperinflación y del acceso de la población a alimentos y medicinas serán una prioridad en la transición. Para ello, habrá que enfrentar la actual emergencia macroeconómica con un programa de rescate financiero y estabilización económica que incluya: un préstamo del Fondo Monetario Internacional, una reducción del gasto fiscal en moneda local y extranjera, un aumento de las tasas de impuesto, el levantamiento de la mayoría de los controles a los precios, la eliminación de los subsidios, la devaluación del bolívar, la liberación de las tasas de interés, etc.

La adopción de estas medidas estructurales para salir de la crisis macroeconómica será criticada debido a su potencial impacto desestabilizador, pero su adopción obedece a razones de táctica política, por lo que el duro programa de estabilización deberá ser asumido por el sector privado y los líderes de la sociedad civil, además de la dirigencia política, porque el ajuste será inevitable. Más temprano que tarde las medidas tendrán que ser adoptadas porque el objetivo es lograr detener la incesante contracción económica (2014-2018) e iniciar el ciclo de crecimiento económico.

Asimismo, el nuevo gobierno deberá llevar a cabo reformas tales como:

• una redefinición del papel del Estado, para eliminar los déficits fiscales crónicos, reducir el gasto fiscal y los impuestos, levantar los controles de precios, liberar los mercados y privatizar las empresas estatales, el sistema de seguridad social, la educación y la salud parcialmente;
• la apertura de la economía al comercio internacional a través de la eliminación de todas las barreras no arancelarias a las importaciones, la implantación de una tasa arancelaria baja y cuasi uniforme, la aplicación de una política cambiaria realista, la eliminación de los controles cambiarios y la abolición de todas las restricciones a las importaciones;
• el fortalecimiento del mercado de capitales libre, mediante la eliminación del límite máximo de las tasas de interés y los controles de crédito, la liberalización de la inversión extranjera y el restablecimiento de un Banco Central independiente;
• la flexibilización de los mercados laborales, la eliminación de la inamovilidad laboral, y
• el fortalecimiento de una "red social" con el fin de mejorar las condiciones de los pobres para protegerlos del impacto del ajuste económico a través de varios programas sociales, entre otras.

Todas estas iniciativas deben tomar en cuenta los desafíos asociados con la cuarta revolución industrial (4IR), que presenta nuevas oportunidades (empresas, gobiernos e individuos) en cuanto a la integración de la tecnología para aumentar el nivel de prosperidad del país, un factor determinante en el crecimiento económico.

En ese sentido, el reciente Informe de Competitividad Global 2018 del Foro Económico Mundial presenta a Venezuela en la posición 127 de 140 países, bajando 10 posiciones con respecto a 2017 –la caída más fuerte entre la lista de países participantes.

La Venezuela post-Maduro tiene otro eje fundamental que debe ser abordado con la misma prioridad que el económico, el desmontaje del Estado-mafioso. Todo el andamiaje instalado durante 16 años requerirá de acciones a corto y mediano plazo. Sobre todo, después de que el gobierno de Trump está considerando añadir a Venezuela a la lista de Estados que apoyan el terrorismo.

Para ello será necesario reinventar el aparato de seguridad del Estado, incluyendo la vinculación con las agencias de control del crimen organizado a nivel mundial, además de integrar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos en la solución definitiva del manejo de la seguridad ciudadana-terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas y armas.

Los retos de la Venezuela post-Maduro constituirán para la nación venezolana el desafío más importante desde la Guerra Federal, por lo que exige estar preparados para ese momento.

Spanish