En el siglo XXI, el crimen organizado ya no es necesariamente una actividad delictiva. En Venezuela, se ha institucionalizado, asumiendo el ropaje de ministerios, uniformes y embajadas. Lo que en México o Colombia se presenta como cárteles que corrompen al Estado, en Caracas se ha convertido en algo más inquietante: un Estado que es el cártel.

Este fenómeno desafía no solo la política exterior de los países democráticos, sino el concepto mismo de soberanía. En teoría, un Estado existe para imponer la ley; en la práctica venezolana, la ley se convierte en una coartada para proteger la exportación ilegal de drogas, oro, petróleo, y minerales. En su cadena de valor ilícita participan militares, ministros y embajadores, financiando la corrupción y honorarios con los beneficios del contrabando.

La ventaja competitiva del crimen de Estado

El régimen de Maduro ha logrado algo paradójico y arriesgadamente eficaz: fusionar los activos de un Estado soberano con la brutalidad de un cártel transnacional. Esta combinación genera una ventaja competitiva que, una vez consolidada, resulta muy difícil de desmontar.

Tres pilares sostienen esta ventaja. Primero, el control sobre recursos críticos —petróleo, minerales, oro y rutas ilícitas— que garantiza un flujo constante de ingresos independiente de mercados legales o auditorías transparentes. Segundo, la infraestructura operativa —puertos, aeropuertos y fuerzas de seguridad— controlada por quienes se benefician directamente de su uso ilícito. Y tercero, la legitimidad formal —un reconocimiento parcial por parte de la comunidad internacional— que actúa como escudo frente a sanciones y aislamiento total.

Esta triple integración constituye su cadena de valor criminal, donde cada eslabón refuerza a los demás: los ingresos financian la represión; la represión protege la infraestructura; y la legitimidad compra tiempo para mantener el sistema intacto.

Por qué las prácticas estándar fracasan

Enfrentar a un Estado de este tipo equivale a intentar competir con un monopolio estatal: las reglas del mercado ya no sirven. La aplicación de la ley, por sí sola, no basta para erosionar su ventaja; solo una intervención externa decisiva puede hacerlo.

El manual tradicional contra el crimen organizado —operativos locales, reformas judiciales o sanciones económicas— resulta inútil frente a un Estado criminal-terrorista global. Primero, porque no puede sustituir la plataforma estatal que respalda la red ilícita. Segundo, porque no modifica los incentivos de los patrocinadores extranjeros que lo sostienen. Y tercero, porque la cúpula del régimen siempre encuentra la manera de redirigir y adaptar sus operaciones. En síntesis: no hablamos de una red criminal dentro del Estado. El Estado mismo es la red criminal.

La estrategia: un cerco de valor

Desmontar la ventaja de un Estado criminal exige una respuesta tan integrada como el problema. Se trata de un cerco de valor que golpee de manera simultánea los tres pilares que lo sostienen.

1. Interrupción de recursos clave
• Bloqueo marítimo y cibernético de las rutas de exportación ilícitas.
• Ataques tecnológicos de precisión contra nodos estratégicos: minas ilegales, laboratorios y centros de acopio.
2. Debilitamiento de la estructura interna
• Compra de lealtades dentro del círculo de poder para fracturar la cadena de mando.
• Programas de protección y reubicación que incentiven a los insiders a colaborar.
3. Aislamiento geopolítico
• Negociación directa con Rusia y China para reducir su respaldo, a cambio de concesiones en otros escenarios estratégicos.
• Incorporación de aliados regionales como Argentina y Ecuador, entre otros, en tareas de inteligencia y logística.

En síntesis, la fortaleza del régimen radica en su integración; la estrategia debe centrarse en su desintegración. Solo al romper los vínculos entre recursos, infraestructura y legitimidad, el Estado criminal perderá su monopolio sobre el poder y, con él, la inmunidad que le ha permitido sobrevivir.

El cambio en la estrategia estadounidense

Durante años, Washington trató a Venezuela como una dictadura más, sujeta a sanciones económicas y aislamiento diplomático. El resultado fue predecible: el régimen se adaptó, diversificó sus rutas ilícitas y se atrincheró con apoyo externo.

La administración actual ha aprendido de esos fracasos. El despliegue naval y aéreo en el Caribe no es un gesto simbólico: forma parte de un plan para cercar, cortar y asfixiar. Este enfoque busca interrumpir el flujo de recursos ilícitos, desestabilizar la estructura interna mediante la compra de lealtades y aislar geopolíticamente al régimen negociando directamente con sus patrocinadores.

En 2020, la administración Trump desplegó también fuerzas militares en el Caribe Sur para reforzar la lucha antidrogas dentro de su política de “máxima presión”. Aunque los cárteles aún no eran catalogados como organizaciones criminales globales, la operación buscaba interceptar rutas marítimas y aéreas usadas por el narcotráfico desde Venezuela y México hacia EE.UU. El dispositivo incluyó destructores, guardacostas, buques de combate litoral, aviones P-8, submarinos, inteligencia y cooperación con países aliados como Colombia y Países Bajos, otorgando a EE.UU. una capacidad inédita de patrullaje, monitoreo e interdicción en la región.

En 2025, la lucha antidrogas se entrelaza con el paradigma antiterrorista, abriendo paso a operaciones extraterritoriales de alta tecnología cuyo objetivo ya no es solo interceptar rutas, sino desmantelar y neutralizar de manera definitiva a los cárteles catalogados como organización terrorista global.

Las piezas que faltan

Ningún plan contra una organización criminal de Estado puede ser unilateral. Las rutas marítimas requieren vigilancia regional; la presión diplomática necesita coaliciones. De ahí el interés en sumar a países como Argentina o Ecuador, que ya han manifestado su disposición a cooperar.

El verdadero punto de inflexión no se juega solo en Sudamérica, sino también en Moscú y Pekín. Venezuela no es vital para Rusia ni para China, pero sí es útil como carta de negociación. En una cumbre, entregar a Maduro podría intercambiarse por concesiones en Ucrania, Siria (base naval) o incluso en el Ártico (explotación). No se trata de una maniobra puntual en el Caribe, sino de una partida estratégica a escala global.

La neutralización del Estado-cártel

En conclusión, la solución no pasa únicamente por sanciones o presiones diplomáticas, sino por la neutralización definitiva del Cártel de los Soles y de su jefe, Nicolás Maduro. La estrategia estadounidense también apunta a desvincular al régimen de los apoyos de Moscú y Pekín, cerrando las rutas financieras y militares que han permitido su supervivencia. Sin esa red externa de protección, la cúpula del Estado criminal pierde su escudo geopolítico y queda expuesta a la acción directa.

Los cabecillas de esta organización terrorista global —identificados como una amenaza inmediata para la seguridad nacional de Estados Unidos— serán objeto de operaciones específicas de desmantelamiento y captura. El mensaje es claro: frente a un Estado convertido en cártel, la única respuesta posible es su desarticulación total y la anulación de sus líderes, para restaurar la seguridad hemisférica y frenar la expansión del crimen como forma de gobierno.

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